En el informe Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2022 (Monitoreo y evaluación de las políticas agrícolas 2022) se muestra que, durante el periodo 2019-2021, cada año los 54 países monitoreados –incluidas todas las economías de la OCDE y la Unión Europea, más 11 economías emergentes clave– brindaron en promedio 817 mil millones de dólares de apoyo a la agricultura, es decir 13% más que los 720 mil millones de dólares registrados de 2018 a 2020. El apoyo en todos los países de la OCDE se ha mantenido en niveles considerables, y aumentó significativamente en las 11 economías emergentes.
Aunque también se ofrece apoyo a los consumidores, durante el periodo 2019-2021, los productores individuales recibieron 611 mil millones de dólares al año en apoyo positivo, cifra que en los países de la OCDE representa el 17% de los ingresos agrícolas brutos y en las 11 economías emergentes, el 13%. Más de la mitad del apoyo a los productores (317 000 millones de dólares al año) se otorgó mediante el alza de los precios de mercado pagados por los consumidores y el resto (293 000 millones de dólares anuales) mediante transferencias presupuestarias.
Por otro lado, en un pequeño número de economías emergentes, las políticas de hecho reducen los precios de algunos o de todos los productos básicos, con lo que se genera una transferencia negativa (equivalente a un gravamen) de 117 000 millones de dólares anuales alos productores agrícolas.
Pese a que el apoyo aumentó en su totalidad, el porcentaje destinado a servicios generales, como innovación, bioseguridad o infraestructura, bajó hasta el 13% de la ayuda dirigida al sector entre 2019 y 2021, en comparación con el 16% registrado en las dos décadas anteriores. Dichos servicios son fundamentales para aumentar el crecimiento de la productividad sostenible y, por consiguiente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de la agricultura. En el informe se destaca que la agricultura afronta un complejo reto en lo que se refiere al cambio climático, debido a que es vulnerable a sus efectos, a que es una fuente principal de emisiones de GEI y a que tiene el potencial para eliminar el carbono de la atmósfera.
“El apoyo público a la agricultura alcanzó niveles sin precedentes, pero el porcentaje dirigido a estimular el crecimiento de la productividad sostenible disminuyó”, dijo la Directora de Comercio y Agricultura de la OCDE, Marion Jansen. “Esto no es una buena señal, pues para abordar los retos que los sistemas alimentarios enfrentan se requiere impulsar significativamente el crecimiento de la productividad sostenible y, al mismo tiempo, mantener las emisiones provenientes de la agricultura en el camino correcto para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Espero que este reto tenga carácter prioritario en la agenda de la próxima Reunión de Ministros de Agricultura de la OCDE en noviembre.”
Según el informe, la invasión de Ucrania por parte de Rusia impacta gravemente los mercados de alimentos, forraje, fertilizantes y energía, por lo que los formuladores de políticas públicas deberán atender las repercusiones para los países de ingresos bajos y para los consumidores. Varios países ya comenzaron a poner en marcha políticas públicas para aliviar las nuevas presiones sobre sus productores y consumidores. Algunas medidas, como la reducción de restricciones a la importación, facilitan el suministro de alimentos, pero otras pueden resultar contraproducentes. Las mencionadas restricciones se suman a las presiones mundiales sobre los precios y la oferta y deben evitarse o desmantelarse con rapidez. Por otra parte, según el informe, relajar las restricciones medioambientales para impulsar la producción nacional puede también ejercer efectos procíclicos, entre otros bajar la sostenibilidad.
Más allá de las respuestas actuales de corto plazo a las crisis mundiales, es necesario que las políticas agrícolas aborden los retos actuales y, a la vez, apoyen las reformas de largo plazo para combatir el cambio climático. De los 54 países incluidos en el informe, sólo 16 se plantearon como objetivo reducir las emisiones provenientes específicamente de la agricultura, lo cual ayudaría a la labor de mitigación y a medir los avances. Los países tienen importantes oportunidades para intensificar y acelerar la reducción de emisiones en el sector, incluso reformando las políticas vigentes que puedan contribuir a ellas.
El informe presenta una agenda política de seis puntos orientada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo alcanzar objetivos más generales para los sistemas alimentarios relacionados con la seguridad alimentaria, los medios de vida y la sostenibilidad:
- Suprimir gradualmente los apoyos a los precios de mercado y los pagos que podrían dañar en gran medida el medio ambiente y distorsionar los mercados y el comercio
- Reorientar el apoyo presupuestario al suministro de bienes públicos y la prestación de servicios generales clave para mejorar el desempeño del sector agrícola
- Dirigir los apoyos a los ingresos a los hogares que más lo necesitan
- Mejorar el conjunto de herramientas de resiliencia para enfrentar un mundo que entraña riesgos diversos, así como fenómenos meteorológicos extremos y catástrofes naturales cada vez mayores
- Poner en práctica un sistema eficaz de fijación de precios para las emisiones de GEI provenientes de la agricultura, con miras a fomentar la transición a una agricultura de emisiones bajas
- En los casos en que la agricultura no esté incluida en los sistemas generales de fijación de precios del carbono o en otros equivalentes o que los complementen, desarrollar un paquete de métodos para garantizar una reducción significativa de las emisiones provenientes de la agricultura
