Cerca del 62% de los residuos totales que genera el país provienen del sector industrial, y de éstos, un 15% es producido por la industria agrícola y forestal. Esta Ley establece un marco para el manejo de estos residuos, en el que productores e importadores de elementos que han sido definidos como productos prioritarios, deben desarrollar los mecanismos para financiar y gestionar estos productos una vez terminada su vida útil.
Judith Mendoza, extensionista del Centro de Extensionismo Tecnológico Agroindustrial (CET), explica que “la ley es un marco normativo que contiene una serie de instrumentos y herramientas, aparte de las obligaciones, para que los distintos sectores e industrias se organicen y puedan gestionar sus residuos de forma competitiva para el mercado.
Por este, desde el CET Agroindustrial nos entregan las 3 principales claves que debe tener en cuenta el sector agroindustrial para enfrentar esta nueva Ley REP:
1.- Involucrarse y aprovechar los espacios que la ley dispone para la participación: Un primer elemento es que las empresas se involucren, conozcan el proceso progresivo en que se está implementando esta ley a través de decretos, en el cual hay espacios para que los distintos sectores puedan participar.
2.- Dar a conocer lo que se está haciendo como sector en materia de gestión de residuos y no partir de cero: Durante el desarrollo del proceso que involucra la puesta en marcha de esta ley, es importante que la agroindustria se organice y de a conocer cómo funciona, cuáles son sus procesos productivos, cuáles son los residuos que maneja, qué es lo que se está haciendo hoy día en términos de reciclaje. La ley contiene espacios para que cada sector organizado muestre cómo lo están haciendo hoy en día.
3.- Organizarse como sector para evaluar sistemas más asociativos más competitivos de operar: Es importante que cada organización pueda gestionar o construir sistemas de gestión colectivo con aquellas empresas que manejan residuos similares. Esta ley va a permitir que la industria se organice para generar sistemas asociativos a partir del cual la normativa se pueda implementar de una forma más competitiva y no sea un costo mayor a lo que actualmente se gasta en generación de recursos.
Fuente: El Agro
