1,2 millones de toneladas de hortalizas se comercializaron el año pasado en Lo Valledor, más del doble de las 520 mil toneladas de frutas que se vendieron en el mismo periodo. Es que si bien las lechugas, tomates, brócolis, apios, espinacas y zanahorias, por mencionar solo algunas de las distintas verduras que se producen y consumen frescas o mínimamente procesadas en el país, han sido considerados por años como parientes pobres del agro, son la base de la alimentación de muchos chilenos y de la economía de un gran número de agricultores de todos los tamaños.
La buena noticia es que, de la mano de cambios culturales y alimenticios, tanto en Chile como en el mundo han venido adquiriendo un nuevo estatus y se perfilan con un alto potencial, para su consumo en fresco, tanto a nivel interno como para la exportación (al menos a ciertos nichos), dicen desde distintos ámbitos.
Pero no todo es tan bonito, porque los expertos insisten en que antes de ni siquiera pensar en la internacionalización, el rubro debe solucionar problemas clave, que parten por mejorar los estándares de inocuidad y trazabilidad, incluyendo la información y fiscalización de qué y a cuánto se vende, que permitirían mejorar la calidad de lo que consumen la mayor parte de los chilenos; y, además, incentivar el consumo del mercado interno.
El desafío es grande, pero el potencial también, recalca Diego Matas, recientemente designado presidente de Hortach, la agrupación de productores de hortalizas: “En el mundo la gente consume más hortalizas y las tecnologías están, pero necesitamos primero solucionar los problemas que ahora no nos permiten crecer o contar con una calidad homogénea”.
El origen primario de la mayor parte de los problemas del rubro son la atomización y la gran diversidad de tamaños y niveles de producción de los agricultores dedicados a producir algún tipo de hortalizas para consumo fresco. Así, a nivel macro, se genera la primera gran división entre quienes producen para el retail y quienes venden ya sea en el campo o en mercados mayoristas y ferias.
Esa división implica estándares y costos -e ingresos- muy distintos, porque si bien las exigencias de los supermercados en términos de traslado, calidad y formalidad ha llevado a una mejora en los estándares y en la forma de trabajar de los agroempresarios; quienes venden sus productos por sí mismos están en una tierra de nadie que deja abierta la puerta para el manejo inadecuado -desde el embalaje en cajas plataneras en cualquier condición-, imposibilidad de conocer si el producto tiene límites adecuados de residuos; saber cómo y quién produjo una determinada verdura; hasta la disminución de posibilidades de ingresos al, por ejemplo, dejar que parte de la carga no sea comercializable.
La culpa es de las cajas plataneras
La respuesta es prácticamente unánime: el principal problema del sector es la falta de inocuidad y trazabilidad. Y la culpa de todo la tienen las cajas plataneras de cartón, que si bien fueron erradicadas hace tiempo de los supermercados, siguen reinando en los sistemas de transporte desde el campo hasta los centros de comercialización mayoristas y ferias.
“El tema de la inocuidad es esencial, pero en el sector, excepto quienes venden en supermercados, se sigue trabajando con cajas plataneras usadas, que van y vuelven. Eso atenta con la calidad y no permite una trazabilidad”, plantea Matas.
Parecido piensa Pedro Escobar, dueño de Huertos Carolina. “Es difícil de controlar, porque la trazabilidad se pierde al momento que comercializas en cajas de cartón reutilizadas, ¿cómo sabes quién es el productor de lo que traen? La única trazabilidad es en supermercados, ahí se sabe el nombre de la empresa que vende”, plantea.
Son cajas que van y vienen a lo largo de todo el país y que pueden llegar a tener más de cinco usos y sobre las que no hay ningún control de sanidad o de manejo, pudiendo incluso haber estado acumuladas en bodegas donde transiten roedores.
“Uno sabe cuántos usos tiene una caja por la cantidad de hoyos con que viene, porque al terminar un envío se desarman y se mandan a algún punto donde las requieren”, comenta Nicolás Cortés, gerente comercial de Hidrocampo, empresa que produce y comercializa hortalizas desde Arica hasta Linares, desde hace más de 10 años.
En Lo Valledor, el principal mercado mayorista del país, donde se comercializa cerca del 60% de la producción fresca hortofrutícola, también ven el tema con preocupación. “La verdad es que las cajas de cartón plataneras son un gran problema, pues con ellas no es posible contar con trazabilidad ni inocuidad. Hemos detectado que aquí se puede producir un grado de contaminación”, comenta Richard Prenzel, gerente de operaciones de Lo Valledor.
Por ello están trabajando el tema, junto con Hortach y algunos organismos estatales, para comenzar a desarrollar un nuevo sistema de cajas, en un programa en el que también participarían organismos estatales, para la coliflor y el brócoli, donde se buscará que todo lo que llegue venga en un embalaje adecuado, desarrollado especialmente, las que se están diseñando en materiales reciclables y compatibles con las plásticas de supermercados ya existentes, que se volvería obligatoria para ingresar al mercado mayorista.
“Esto permitiría un nivel de inocuidad y comenzar a estandarizar. Con ello, la idea es que llega un producto terminado al mercado, con lo que además se optimiza el manejo del transporte y se disminuyen los desechos”, recalca Matas.
Se refiere a que con este sistema se buscará disminuir la cantidad de desperdicios que actualmente genera la comercialización, inicialmente al menos de estos dos productos, ya que de un camión de 10 toneladas de brócoli, siete son de la hortaliza y las otras tres son desechos de hojas y tallos.
“El tema del nuevo sistema de encajado permitirá también que los productores trasladen un 30% más de producto comercializable y no de desecho, porque está comprobado que ni la coliflor ni el brócoli pierden condición si se les saca el tallo”, recalca Prenzel. Y enfatiza que aquí el tema no es de costos, sino cultural.
“Hay un error. Se piensa que una caja que trabaja en sistema de arriendo puede ser más cara. Pero, una de cartón usada cuesta $500 y las otras están entre $300 y $400, y las entregan lavadas. Entonces, hay un error de concepto. El Estado debiese meterse para apoyar a los medianos y pequeños en un proyecto para que lo hagan como lo hacen los grandes”, concluye.
Fuente: El Agro
