“Uno sabe cómo entra un proyecto, pero nunca cómo sale” es un comentario obligado entre los privados y entre las autoridades cuando se presenta una nueva iniciativa al Congreso, debido a que la agenda legislativa hoy no sólo depende del Ejecutivo, sino que cada vez los parlamentarios cobran mayor importancia en la redacción de las leyes negociando e imponiendo sus criterios. Por ello no son pocos los proyectos que están en tramitación en el parlamento y mantienen alerta a las distintas ramas agrícolas:
Código de aguas
El Gobierno anunció que presentará indicaciones a este texto que está en su segundo trámite en el Senado, donde se avizora una discusión bastante compleja. Este proyecto es de inquietud transversal, donde cada sector tiene un tema en observación. Por ejemplo, el gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) Alvaro Merino, comenta que su foco está “particularmente en lo relativo a las aguas del minero, en los derechos de aprovechamiento actuales y al plazo de las nuevas concesiones”.
Mientras que el Fedefruta y presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, pone el acento en los derechos de aprovechamiento de agua: “La iniciativa del gobierno anterior modifica su naturaleza jurídica lo que tendría un impacto negativo incalculable en el agro, por lo que valoramos que los ministerios de Agricultura y MOP estén trabajando en indicaciones para entregar certezas jurídicas que sectores como el nuestro necesita.
Crea el servicio de Biodiversidad, Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Desde junio de 2016 se discute en el Senado recién en el primer trámite. Desde la Dirección de Políticas Públicas de la Sofofa advierten que “el diseño y estructura de esta nueva institucionalidad debe propender adecuadamente a la conservación del medio ambiente evitando superposiciones de competencias con otros servicios del Estado”. A esta aprensión se suma la Sonami con una más: “en su redacción actual el nuevo sistema de áreas protegidas limita considerablemente la realización de actividades económicas dentro de tales áreas”.
Modifica el código del trabajo para contratos por obra o faena
Este proyecto nacido de parlamentarios de todo el espectro político que incluso firma el actual ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y que está en segundo trámite en el Senado, es factor de inquietud para la SNA debido a que fija indemnizaciones. “Genera un trato desigual frente a los contratos a plazo e indefinido. De aprobarse, por ejemplo, los temporeros que se rigen por contratos de obra o faena, quedarían en mejor situación que el personal de planta. El costo de la propuesta ascendería a unos US$400 millones anuales, cifra que dejará fuera de factibilidad comercial a importantes rubros”, recalca Ariztía.
Fuente. La Tercera/Pulso