Tanto representantes de holdings como Concha y Toro, Santa Rita y San Pedro, productores de uva e intermediarios del negocio habrían desfilado ante la Fiscalía Nacional Económica.
Sigue avanzando la investigación de la Fiscalía Nacional Económica por eventual abuso de posición dominante de la gran industria vitivinícola contra quienes les proveen las uvas. Esto, luego de que al menos 16 asociaciones del sector se unieran para hacer esta denuncia ante el ente antimonopolios que lidera Felipe Irarrázabal.
Es así como de acuerdo a la ingeniero civil industrial, MSc en Finanzas y Negocios Internacionales, Yenny Llanos, que encabeza la Coalición Nacional de proveedores de uva, en el transcurso de las indagatorias han ido a declarar representantes de las mayores compañías del sector, esto es Concha y Toro, Santa Rita y San Pedro, además de los productores y de los intermediarios, pues la FNE estaría investigando toda la cadena del negocio.
Llanos recientemente proporcionó a la FNE información que explica principalmente las existencias y la naturaleza de estas en la industria vitivinícola, lo que estaría siendo usado como principal excusa por el poder dominante para justificar los eventuales abusos, manifestó.
La presentación que dio el vamos a todo esto ante la FNE se denomina “Estudio de Caso por Abuso de Posición Dominante en la Industria Vitivinícola” y fue elaborada por Llanos. Incluye un análisis de la industria, variables de mercado, marco legal, conductas y/o, barreras de entrada/salida, concentración de mercado/poder de compra, factores explotativos, costos de producción, utilidades/pérdidas, entre otros aspectos.
Para la líder de esta agrupación el “poder comprador altamente concentrado y verticalmente integrado explota a pequeños productores, quienes están fuertemente atomizados y atrapados a seguir en el rubro sin poder de negociación o de escalamiento en la cadena debido a elevadas barreras, economías de escala, así como lo estacional y perecible del producto”.
Asimismo, “este poder dominante incurre en prácticas desleales y de fijación de precios abusivos que no cubren los costos de producción y en muchos casos de labor, ni guardan relación con las variables imperantes en la industria y al valor con que el producto es percibido en mercados competitivos. Acciones que constituyen infracción grave a la ley de libre competencia, en base al Decreto de Ley 211, Artículo número 3“.
También fue presentado a la FNE un estudio económico de precio de uva que se sustenta del análisis económico de los costos establecidos por las empresas viníferas de comercio justo de Chile, presentados a la CLAC, Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo, para establecer el valor mínimo garantizado en el país.
Fuente: Diario Estrategia
Imagen: turismito.com