Ambas iniciativas, consagradas en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, deberían ser debatidas durante 2016. Gremios reconocen que las negociaciones que deberán llevar adelante una vez aprobada la reforma laboral serán complejas.
La dificultad de alcanzar un acuerdo al interior de la Nueva Mayoría en torno al proyecto de reforma laboral, ha impedido su aprobación en los plazos estipulados por el Ejecutivo. Esto, además, ha provocado efectos colaterales, retrasando por ejemplo la discusión de otros proyectos ligados a la agenda laboral comprometida en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Tal es el caso de la iniciativa que busca dar un tratamiento especial a los trabajadores del sector agrícola, denominado Estatuto del Temporero, y que sería enviada al Congreso durante 2015. Del mismo modo, está congelada la discusión de la propuesta que busca regular la negociación colectiva y la huelga en el sector público.
Estatuto del temporero
El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet considera el envío al Congreso de un proyecto de ley que contenga el Estatuto del Temporero y la Actividad Agrícola de Temporada, para elevar la protección a los trabajadores y trabajadoras del sector. De hecho, la propia Mandataria aseguró en junio pasado que éste ingresaría al Parlamento en septiembre de 2015.
Por esta razón, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, afirmó que resulta “incomprensible” la postergación del envío del proyecto de ley, “pese a los compromisos de la Presidenta, de sus dos ministras del Trabajo (Javiera Blanco y Ximena Rincón) y del ministro de Agricultura (Carlos Furche)”.
De acuerdo con el líder gremial, el escenario de incertidumbre que causa la tramitación de la reforma laboral enviada por el gobierno, y que no toma en cuenta las especificidades del sector, “hace imperioso avanzar en la legislación de una normativa que sí se haga cargo de la realidad del agro”.
En este sentido, Crespo hizo un llamado a las autoridades del Ejecutivo y, en especial, a los parlamentarios de zonas rurales “a poner sus mejores esfuerzos en promover una pronta solución a las necesidades de la agricultura de nuestro país”.
Sector público
El programa de gobierno de Bachelet también considera la evaluación de la institucionalización de la negociación colectiva en el sector público, “estudiando mecanismos que se hagan cargo de sus especiales particularidades”.
Dicho compromiso fue ratificado, además, en el protocolo de 19 puntos suscrito en julio del año pasado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, su par de Trabajo, Ximena Rincón, y el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente.
En tal sentido, el líder de los trabajadores del sector público adelantó el pasado jueves que la negociación que deberán llevar adelante durante los próximos meses con el gobierno no será fácil. “Demandamos del gobierno, primero, que derogue las prohibiciones sobre negociación colectiva y huelga, contemplados en la actual legislación chilena y ratifique el convenio 154 de la OIT que fomenta la negociación en el sector público”.
Una minuta del Ministerio del Trabajo surgida en medio de la movilización del Registro Civil en octubre del año pasado revela que para el gobierno “la regulación de la huelga nos parece un objetivo prioritario”, siempre con el objetivo de “compatibilizar los derechos de los funcionarios a ejercer la huelga y el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios públicos”.
El documento añade que la futura legislación para los trabajadores del sector público deberá precisar “muy detalladamente cuáles son los servicios mínimos en cada repartición, e incluso declarar cuáles son las reparticiones que no pueden ir a huelga, por atender servicios esenciales, o aquellos funcionarios que, de conformidad al Convenio 151 de la OIT, por ejercer función pública, no podrán ejercer esa prerrogativa”.
Con todo, De la Puente reconoce que están disponibles a discutir cómo se van a implementar los derechos colectivos. Sin embargo, “esto no quiere decir que nosotros vamos a aceptar una negociación colectiva reglada en los términos del sector privado porque vemos en el sector privado la dificultad administrativa, burocrática que hace que no exista efectividad en la huelga”.
Fuente: La Tercera
Imagen: elmercurio.cl