La analista de políticas e inversión en agricultura del organismo internacional asegura que las tareas pendientes para el país se centran en integrar a los pequeños agricultores en los cambios del sector y la cadena de valor, promover el uso sustentable del suelo y agua, y cumplir con los derechos laborales.
Falta poco para el mediodía y en uno de los salones del centro cultural GAM, a media capacidad y con una audiencia que en promedio no supera los 45 años, la segunda parte del seminario «Sustentabilidad en las empresas, una nueva manera de hacer negocios» -organizado por ProChile y Odepa, y orientado al sector silvoagropecuario-, comienza el video que hace pocas semanas se presentó en la Expo Milán para mostrar la diversidad geográfica y climática de Chile para la producción de alimentos, el desarrollo de la industria frutícola y la incorporación de nuevas prácticas para lograr un desarrollo más verde del rubro.
Minutos después, la francesa Coralie David, analista de políticas e inversión en agricultura y jefa de proyectos de inversión en agricultura de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) desde hace tres años, saluda en español a los asistentes y concentra su presentación en mostrar cómo se pueden mejorar los aspectos de la agricultura que no se resaltan en los videos. Son los temas que en los últimos años, cada vez con más fuerza, concentran los esfuerzos de quienes buscan generar un nuevo upgrade para el sector, tanto a nivel global como en Chile, enfocados en construir un sistema agrícola más sustentable.
Como es un concepto amplio, la especialista aclara que con él se refiere especialmente al aspecto ambiental, debido a la presión que enfrentan los agricultores por producir más alimentos, debido a las proyecciones de aumento de la población mundial, frente a recursos de suelo y agua cada vez más limitados, y los efectos del cambio climático.
«Es por eso que existe la necesidad de asegurar que la producción agrícola es sustentable. El desafío para quienes diseñan las políticas públicas está en combinar la creciente demanda por alimentos, minimizando la presión sobre el medio ambiente. La agricultura es el sector que utiliza más agua y que, a la vez, contribuye a su contaminación por el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, por ejemplo, por lo que conseguir un manejo sustentable del agua es un punto crítico para incrementar la producción y asegurar que con eso se mantendrán los beneficios ambientales y sociales de los sistemas hídricos», explica.
Coralie David ha desarrollado algunas de sus investigaciones en África, Sri Lanka y Perú, y es parte del equipo de expertos internacionales que elaboró una guía para orientar una cadena de suministro responsable para el sector agrícola, con iniciativas que se están analizando para implementar en Chile y difundirlas a través de la Direcon y el Ministerio de Agricultura, como parte de los compromisos con la OCDE. Su diagnóstico mezcla las tendencias globales con la realidad chilena que, pese a sus avances, tiene desafíos pendientes en términos de uso eficiente de los recursos naturales, derechos laborales e integración de los pequeños productores a la cadena de valor.
Aún cuando el país, por su orientación a las exportaciones, cumple con los estándares internacionales y las exigencias de los compradores, al preguntarle por los puntos débiles, la experta de la OCDE es clara en su sentencia: «El sector agrícola chileno enfrenta una serie de desafíos para desarrollar una agricultura sustentable».
Reducir
LAS brechas
Uno de los temas que destaca Coralie David es el crecimiento que ha experimentado el sector agrícola chileno durante los últimos 25 años, con el desarrollo de la agroindustria, la logística y cadenas de distribución asociadas a las exportaciones de fruta y la mayor sofisticación de los sistemas de comercialización, donde incluye el despegue que tuvo el retail nacional a través de los supermercados. Todos cambios que considera estructurales para el rubro.
Explica que, a pesar de lo anterior, sigue pendiente lograr una mayor integración de los pequeños agricultores en la cadena de valor, especialmente de los que pertenecen a grupos indígenas.
«No todos los agricultores han sido capaces de adaptarse a los cambios, debido a que ha ido aumentando la brecha entre el sector que tiene una producción orientada a las exportaciones y la agricultura tradicional, que se enfoca en producir alimentos para el autoconsumo y en producir cultivos que se podrían importar, como el trigo», explica, y plantea que los programas de asociatividad entre el sector público y el privado son alternativas que pueden ayudar a generar sinergias y dar las condiciones para disminuir esa brecha en el país.
Desde una perspectiva global, añade que las empresas que se relacionan directamente con el sector agrícola tienen que considerar que los agricultores son como sus trabajadores, por lo que se les deben asegurar sueldos dignos y condiciones de trabajo que satisfagan sus necesidades y las de sus familias.
«En el caso de quienes compran productos agrícolas a intermediarios, también deberían preocuparse de prevenir o mitigar cualquier impacto negativo que puedan recibir los productores vinculados con sus operaciones, productos o servicios, y asegurarse de que estén recibiendo precios justos y suficientes para asegurarles un estándar de vida adecuado y bienestar de salud tanto a ellos como a sus familias», agrega la especialista.
Foco en los temporeros
David plantea que, como Chile es el país con el nivel más alto de trabajadores temporeros dentro de la OCDE, un punto crítico es velar porque se cumplan sus derechos laborales y, en ese sentido, asegura que el proyecto de ley del estatuto del temporero agrícola que desarrollaron los ministerios de Agricultura y Trabajo en 2014 puede ser un gran aporte.
«El mercado laboral en la agricultura chilena sigue siendo segmentado. Muchos trabajadores de bajos ingresos no tienen contrato y, por ende, tampoco tienen acceso a seguros de salud ni a beneficios laborales, lo que los hace extremadamente vulnerables y les genera un gran riesgo de caer en la pobreza», advierte.
Si se siguen los lineamientos de la OCDE y la FAO para desarrollar una cadena sustentable en la agricultura, la experta cree que se pueden mejorar las relaciones laborales, al respetar el derecho a negociación colectiva de los trabajadores, incluir a los inmigrantes en ellas y eliminar la discriminación y el trabajo forzado o con niños.
«Es importante promover la seguridad del empleo y cooperar con el Gobierno en el desarrollo de sistemas que den ciertos grados de seguridad a quienes pierden su trabajo. También deben adoptar las medidas y procesos que promuevan la incorporación significativa de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones en las empresas del sector», añade.
La especialista de la OCDE insiste en que en todos los niveles de empleados del sector agrícola, en todos los países, se deben entregar capacitaciones e incrementar las oportunidades de empleo directo e indirecto, además de asegurar la protección de la maternidad.
El rol clave de la I+D y las políticas públicas
«La erosión de los suelos que genera la deforestación, la sobreexplotación de los suelos y las prácticas inadecuadas de cultivos y riegos representan el mayor desafío para desarrollar una agricultura sustentable en Chile», afirma David.
En el caso del agua, considera que los anuncios de construcción de nuevos embalses y el nombramiento de un delegado presidencial para los recursos hídricos, junto con el financiamiento de obras privadas de riego que entrega la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el incluir una nueva unidad dentro de ella para apoyar a los pequeños agricultores y comunidades indígenas van en la línea correcta.
Pero no son suficientes. Insiste en que es clave el desarrollo de políticas públicas efectivas, que creen los incentivos correctos para optimizar el uso de los recursos desde una perspectiva económica, ambiental y social.
«El uso sustentable de los recursos debe permitir que los empresarios agrícolas maximicen la rentabilidad de sus inversiones, aprovechando los beneficios económicos de largo plazo, por lo que las políticas tienen que promover las prácticas sustentables, como la agroforestación y agroecología», plantea, y llama a que los gobiernos reduzcan los subsidios para quienes tienen prácticas perjudiciales para el medio ambiente y a que dentro de las legislaciones se incorpore el principio de que quien contamina tiene que pagar.
Junto con las políticas públicas, Coralie David sostiene que la investigación y desarrollo (I+D) enfocada en la agricultura es fundamental porque es lo que permitirá desarrollar nuevas técnicas y tecnologías para enfrentar desafíos como el cambio climático.
«Para eso la I+D agrícola requiere de presupuestos estables que permitan desarrollar programas de investigación de largo plazo y un equipo altamente calificado, que sea capaz de desarrollar tecnologías innovadoras. Los agricultores tienen que estar muy incorporados en la definición de las prioridades de la I+D, para identificar dónde están sus necesidades y problemas que necesitan de la innovación y de nuevas técnicas», recalca.
Por otra parte, destaca que en los últimos años ha notado que la colaboración regional en las investigaciones cobra más fuerza, porque permite reducir costos y mejorar la difusión de la información hacia los productores, por lo que cree conveniente armonizar y fortalecer las regulaciones y leyes de los distintos países, y eliminar las barreras regionales de comercialización, todo con miras a conseguir un desarrollo sustentable de la agricultura a nivel global.
«El desafío para quienes diseñan las políticas públicas está en combinar la creciente demanda por alimentos, minimizando la presión sobre el medio ambiente»
CORALIE DAVID, JEFA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN AGRICULTURA DE LA OCDE.
«No todos los agricultores (en Chile) han sido capaces de adaptarse a los cambios, debido a que ha ido aumentando la brecha entre el sector que tiene una producción orientada a las exportaciones y la agricultura tradicional»
